El juez que tiene la causa D’Alessio había salido primero en el concurso para el juzgado federal 1 de La Plata. También competía para ser integrante de la Cámara Federal porteña.
El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.
El presidente Alberto Fernández envió al Senado de la Nación el pliego de Alejo Ramos Padilla -el juez de la causa D’Alessio- para que se convierta en el próximo titular del juzgado federal 1 de La Plata. Se trata del juzgado que tiene competencia electoral en toda la provincia de Buenos Aires. El juzgado estaba vacante desde 2014, por la muerte de Manuel Blanco. Se trata de un lugar clave, de cara a un año electoral.
Ramos Padilla había salido primero en ese concurso durante el Gobierno de Mauricio Macri y encabezaba la terna que aprobó el Consejo de la Magistratura en abril de 2019. Sin embargo, el Presidente no había enviado su pliego al Senado. Había elegido a Laureano Durán, que había salido tercero en ese concurso, pero cuando llegó la administración de Alberto Fernández retiró todos los pliegos que había dejado su antecesor en la Cámara Alta.
Para esa altura, Ramos Padilla ya se había convertido en un juez enemigo del Gobierno macrista. “No es un juez ecuánime, espero que el Consejo de la Magistratura lo destituya”, había dicho Mauricio Macri.
Es que para Ramos Padilla, desde el juzgado federal de Dolores, ya tramitaba la causa D’Alessio, y había aceptado una invitación al Congreso para dar detalles de ese expediente que explotó en el verano de 2019 que puso bajo la lupa los vínculos del mundo de la inteligencia y la justicia.
Tanto el presidente Alberto Fernández como su vicepresidenta Cristina Kirchner pidieron mirar esa investigación, en la que gran cantidad de los denunciados durante el macrismo pidieron ser querellantes. El juzgado de Dolores se convirtió en una suerte de contracara de lo que sucedía en Comodoro Py.
Marcelo D’Alessio
La punta del iceberg fue Marcelo D’Alessio, un hombre que se presentaba como abogado, asesor de la DEA y experto en narcotráfico que extorsionaba empresarios y se jactaba de sus vínculos con la justicia y el periodismo. El empresario Pedro Etchebest lo grabó y fotografió pidiéndole dinero a cambio de prometerle que no lo iban a investigar en la causa de los cuadernos.
Fue Elisa Carrió la que en ese momento denunció un complot contra la causa de los cuadernos, apenas Ramos Padilla había allanado a D’Alessio. Inmediatamente después denunció las escuchas de la llamada “operación Puff”, un causa que investigó el juez Claudio Bonadio y que cerró recientemente el juez Marcelo Martínez De Giorgi. Hoy, la Operación Puff es investigada en el juzgado federal de Lomas de Zamora, en el marco del capítulo del espionaje que se habría hecho ilegalmente a presos K.
Mientras tanto, la causa D’Alessio ya está en condiciones de ser elevada a juicio oral. Para el juez existió una “asociación ilícita paraestatal que, a través de variadas y complejas acciones vinculadas al espionaje y la inteligencia ilegal, llevó adelante todo tipo de planes y operaciones sobre políticos, empresarios, periodistas, el Poder Judicial y la opinión pública”.
Está en marcha ahora una causa anexa en donde se investigan las bases que se instalaron en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno anterior y desde las que, según la hipótesis acusatoria, se habría llevado adelante espionaje a organizaciones políticas y civiles.
Alejo Ramos Padilla.
Ahora, en una carta que lleva la firma de la ministra de Justicia Marcela Losardo y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el Ejecutivo se dirigió al Senado para solicitar el acuerdo correspondiente “a fin de posibilitar la designación, en los términos del acuerdo 99 del inciso 4 de la Constitución Nacional” para el juzgado federal de primera instancia Alejo Ramos Padilla.
No era el único cargo por el que Ramos Padilla aspiraba a alejarse del juzgado de Dolores. Además de competir para el juzgado de La Plata, Ramos Padilla había concursado para ocupar un lugar en la Sala II de la Cámara Federal porteña. Allí también había quedado bien posicionado. Ocupaba el tercer lugar detrás del juez Diego Amarante y del abogado Roberto Boico, defensor de Cristina Kirchner en el caso Memorándum.
Precisamente su nombre era uno de los que más sonaban, junto al de Boico, para ir a la Cámara Federal. Sobre todo porque desde el Ejecutivo se especulaba con llenar cuatro plazas en el segundo piso de Comodoro Py cuando puso en marcha la revisión de los traslados hechos durante el Gobierno de Macri.
Pero la jugada se vino a frustrar tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que determinó que ningún traslado es definitivo si no paso por concurso y acuerdo del Senado, pero al mismo tiempo mantuvo momentáneamente a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y dispuso que se abra un concurso en el que puedan participar. Con esa decisión, el juez Eduardo Farah, que era uno de los que se habían ido de Comodoro Py, planteó que quiere volver porque no va a concursar para quedarse en el tribunal de San Martín en el que hoy se encuentra.
En ese contexto, el Ejecutivo aun no definió qué postulación enviará al Senado para ocupar la vacante segura que existe en la Sala II de la Cámara Federal. Pero sí decidió descartar a Ramos Padilla para ese puesto y postularlo para el juzgado federal 1 de La Plata. Ese era el cargo al que quería ir Ramos Padilla, según confirmaron fuentes judiciales.